miércoles, 8 de julio de 2009

BOLETIN INFORMATIVO No.19. JULIO 2009 NEIVA-HUILA

De la manera más infame el Presidente de la República tumbó el Proyecto de Ley de Reparación de las Víctimas de los Delitos de Lesa Humanidad con el pretexto de que costaría 14 Billones de Pesos, poniendo en riesgo según el primer mandatario su programa bandera de seguridad democrática que solo a beneficiado y protegido en este país a los ricos, terratenientes, congresistas y gobernantes de este país, mientras que permanentemente siguen despojando de sus propiedades a la inmensa mayoría de los colombianos a manos de los actores armados al margen de la Ley.
Irónicamente en Colombia, se invierte en el salario de un congresista $21.045.638.oo, comparado con el salario de un trabajador humilde siendo este de $552.500.oo.
A pesar de los esfuerzos que realiza la Comisión de Seguimiento de la Sentencia de Tutela 025 de 2004 y las ordenes perentorias de la Honorable Corte Constitucional a través de sus Autos, la Acción Social y todo el sistema de Atención a la Población en Situación de Desplazamiento Forzado sigue incumpliendo los derechos que tienen los 4.629.000 familias desplazadas según estadísticas de CODHES.
Muy tristemente vemos con preocupación el respaldo que le siguen haciendo a la Acción Social y a los Entes Territoriales algunos Jueces del Departamento del Huila, en especial el Juez Hermogenes Trujillo Salas del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva-Huila, donde al administrar Justicia falla a favor de la Acción Social desconociendo los indicadores del goce efectivo de derechos de la población desplazada y el goce efectivo de la participación de las Organizaciones de Población en Situación de Desplazamiento Forzado, plasmado en los Autos ordenados recientemente por la Honorable Corte Constitucional siendo este uno de los motivos por la cual la Corte Constitucional nuevamente se pronuncia a través del Auto 225 de 2009, citando Audiencia Pública de rendición de cuentas el próximo 10 de Julio en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia a la Acción Social en cabeza de Luis Alfonso Hoyos Aristizabal a pesar de que a sido premiado recientemente como embajador ante la OEA y debe informar que acciones a realizado para garantizar el goce efectivo de la población desplazada y como garantes a esta audiencia la Corte invito al Procurador, Contralor, Defensor del Pueblo, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a la ACNUR, a varias ONGs de derechos humanos y a representantes de derechos humanos de 7 Departamentos entre otros, determinando así la Corte que las medidas que a tomado el SNAIPD en cabeza de la Acción Social para contrarrestar el desplazamiento a sido insuficiente incumpliendo toda clase de derechos que tenemos partiendo desde la creación de la Ley 387 del 17 de Julio del 97 “Ley de Desplazados” por eso en el cumplimiento de esta próxima fecha invitamos a todas las familias desarraigadas por causa de la violencia a movilizarnos por las calles del departamento y de todo el país para que la Sociedad Civil, el Congreso de la República, los gobernantes y los actores armados recuerden que somos una gran mayoría con todos nuestros derechos violentados y que somos una Colombia que no se puede ignorar.

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